“La recuperación del territorio peninsular de Nicoya es una de las banderas que ningún guanacasteco de verdad debe aflojar”.
Prof. Ronal Vargas Araya
Apertura de la Asamblea: Asociación por el rescate de Península Nicoya, 20-10-2018:
Antes de anexarse a Costa Rica en 1824 los actuales territorios peninsulares (Cóbano, Lepanto, Paquera y las islas del Golfo de Nicoya) pertenecieron al Partido de Nicoya. Con la división cantonal de 1848 estos territorios serán parte del cantón de Nicoya hasta 1915, cuando Puntarenas ejerza su “administración temporal” (mientras se mejoran los caminos). El asunto había iniciado con el Censo nacional de 1864, cuando el Gobernador de Guanacaste hizo una solicitud formal al capitán del Puerto de Puntarenas Federico Fernández para que realizara el censo en las islas y los territorios peninsulares. En dicho censo se colocó el dato de 10,431 habitantes para la provincia de Guanacaste y 4,836 para la comarca de Puntarenas, aclarando en nota N° 2: “inclusive la población de la Península de Nicoya, perteneciente a la Provincia de Guanacaste”. Por ello hay que afirmar con el Lic. Julio César Jaén “que dicho adulterado censo es la primera actuación oficial, generadora de la escalada de actuaciones y resoluciones también falsas, de índole administrativa, política y fiscal en contra de Guanacaste y concretamente a favor de Puntarenas” (1).
También el presidente de Costa Rica Alfredo González Flores (1914-1917) abusó de sus potestades jurídicas, al violar lo estipulado en la ley N° 60 del año 1909, que exigía que solo por ley -y no por decreto- era posible cambiar límites territoriales, tal como se indica también en la legislación actual. A pesar que en 1969 se derogaron aquellas leyes de 1909 que dieron la posibilidad de existencia al nefasto decreto ejecutivo de 1915, que le arrebató a Guanacaste los territorios peninsulares, no se hizo justicia histórica con Guanacaste. “Como no pueden existir simultáneamente dos pertenencias originarias de igual valor sobre el mismo territorio peninsular, es inevitable, conforme la Ley de división territorial #56 de 1909 vigente en 1915, año en que fueron creados los distritos Lepanto y Paquera, solamente pudieron ser autorizados de una única manera: como división interna de Nicoya, cantón dos de Guanacaste” (2).
El ex diputado Mario Arredondo (1966-1970), presidente de la “Asociación por el Rescate de la Península de Nicoya y sus islas” no se cansa de repetir que la tarea principal de la Asociación es saldar una deuda histórica con Guanacaste:“… mediante Decreto Ejecutivo N° 20 se despojó a Guanacaste de las islas del Golfo y los territorios peninsulares de Lepanto, Paquera y Cóbano, para dárselos a Puntarenas de manera provisional mientras se desarrollaban las vías de comunicación para un mejor transporte de mercaderías y personas hacia Guanacaste. En 1962 falleció don Alfredo, contando 85 años; ese mismo año fue declarado unánimemente benemérito de la Patria. Los 5 diputados guanacastecos de entonces sumaron sus votos positivos y no lo hicieron por ignorancia, porque contaban con buenos asesores: apoyaron al traicionero de Guanacaste porque la mayoría de nuestros diputados nunca han defendido los intereses de la Provincia sino que acatan ciegamente mandatos de sus partidos desde la Meseta Central” (3).
La regionalización territorial que desde el MIDEPLAN nos denomina como “Región Chorotega” comprendía primero el territorio provincial de Guanacaste (sus 11 cantones) y los distritos peninsulares de Lepanto, Paquera y Cóbano, según decreto N° 7944-P del 26 de enero de 1978, pero dicho mandato no fue cumplido, a pesar que los territorios peninsulares del sur siempre han mostrado una amplia relación con su provincia madre, por su unidad histórica, geográfica y cultural. Como pueblos del cantón de Nicoya los territorios peninsulares mantuvieron un permanente contacto a pesar de la ausencia de caminos y puentes, siendo el cabotaje la principal vía comercial de entonces, y sobresaliendo los pequeños puertos de Cabo Blanco, Curú, Gigante, Jicaral, Lepanto, Manzanillo, Montezuma, Naranjo, Paquera y las islas.
El eminente educador, escritor y ex Gobernador de Guanacaste Salvador Villar Muñoz, en cuyo nombre se erige la escuela central del cantón de La Cruz, escribiendo sobre el cantón de Nicoya, afirmó en 1933 que “los distritos nicoyanos de Paquera, Lepanto y Corozal están por ahora bajo la jurisdicción de Puntarenas, por razón de mayor facilidad administrativa y comercial” (4), debida a los malos caminos y a la inexistencia de puentes. Con este testimonio escrito queda claro que las autoridades de Guanacaste del siglo pasado siempre vieron inminente la recuperación de los territorios peninsulares.
El doctor Francisco Vargas Vargas, Benemérito de la Patria (2000), “Hijo ilustre de la Provincia de Guanacaste” y “Apóstol de la provincia de Guanacaste (1995), al presentar el programa de gobierno de su partido Confraternidad Guanacasteca, reformado en 1939, agregó el punto 10: “Recuperación de la sección SUR de la Península de Nicoya administrada por Puntarenas”. Sabía el doctor Vargas que esto era un asunto prioritario para recuperar la dignidad de esta mancillada provincia.
El más famoso médico ramonense y Benemérito de la Patria (2017) Doctor Juan Guillermo Ortiz, fundador del Hospital sin paredes e incansable misionero de la salud en muchos pueblos de Guanacaste y de los territorios peninsulares, en su obra poética “Oda a Guanacaste” (1998) apuntó los siguientes reveladores versos:
“El Golfo de Nicoya /
en la apariencia actual /
tiene dos dueños grandes, /
el uno es Puntarenas /
y el otro es Guanacaste. /
Pero la pura verdad /
es que península entera /
debe ser de Guanacaste /
porque es justo y verdadero. /
Lepanto es Guanacaste /
y todo el litoral /
que la península tiene /
en nuestra clara moral /
pertenece a un solo dueño /
como siempre lo ha sentido /
la gente de la Provincia. /
Porque esa península /
es la esencia nicoyana /
y por eso en nuestro mapa /
aparece con tal nombre. /
La demanda actual que cuestiona la legalidad del Decreto de González Flores fue interpuesta por la Municipalidad de Nicoya y otras personas físicas el año 2012, y se tramita en el expediente 12-003638-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo; entre otras razones se indica que los presidentes de la República carecen de potestades legales para modificar los límites territoriales de las provincias: dicha potestad radica solo en la Asamblea Legislativa, así era antes, así es ahora. Es incomprensible para un guanacasteco que el cuestionado decreto presidencial de 1915 no haya sido derogado junto a las leyes ya derogadas que lo crearon, y que Puntarenas siga administrando una porción de tierra a la que irónicamente todavía todos le llamamos península “de Nicoya”.
Históricamente los diputados no han mostrado interés real en solucionar esta injusticia territorial, porque las cúpulas de los partidos políticos tradicionales en San José no quieren ser castigadas con menos votos de sus partidarios puntarenenses. “En la Asamblea Legislativa bailan desde entonces varios proyectos de ley con diferentes intereses: para hacer un referéndum y decidir la creación de un nuevo cantón en las islas y territorios peninsulares, para que el nuevo cantón siga perteneciendo a Puntarenas y para la creación del cantón n° 12 de Guanacaste: La Península (expediente 15.323, copia del 13.650 ya archivado, a pesar de haber recibido dictamen unánime afirmativo). El 8 de junio de 2005 la Diócesis de Tilarán (sacerdotes entonces de las provincias de Guanacaste y Puntarenas), escribieron una carta dirigida a la Asamblea Legislativa para referirse al expediente 15.323, considerando atinada y oportuna la creación del cantón La Península y avalando dicho proyecto de ley siempre que corresponda con la voluntad de una consulta popular a las poblaciones afectadas por el cambio” (5).
El año 2015 pasó el nefasto CENTENARIO de aquel decreto presidencial del 18 de octubre, sin aportar alguna solución satisfactoria para la provincia perjudicada a la cual se le arrebataron los territorios peninsulares. El Tribunal Contencioso Administrativo le sigue dando largas a este asunto tan importante porque sabe que los guanacastecos tenemos razón con nuestro reclamo histórico, pero si dicta la sentencia A FAVOR nuestro, las cosas volverían a su estado original del año 1915, por lo que los territorios peninsulares volverían a pertenecer al cantón de Nicoya, y eso trastornaría el actual orden territorial, las estadísticas e importantes intereses políticos. Si dicta sentencia EN CONTRA de Guanacaste, a pesar de actuar contra toda la justificación histórica y jurídica, la vida seguirá igual para el resto de Costa Rica, y Puntarenas, desde el otro lado del Golfo, seguirá ejerciendo más que su administración, olvidando que “…tal como fue concebido el decreto N°20 solamente pretendía la prestación de servicios públicos a partir de una sede territorial centralizada, no la transferencia de territorios, sin embargo produjo efectos reales inconstitucionales como por ejemplo el que el Tribunal Supremo de Elecciones incluyó para efectos electorales los territorios en disputa en la provincia de Puntarenas con fundamento en el citado decreto” (6).
El Consejo Municipal de Nicoya ya tomó el acuerdo, por si la esperada sentencia del TCA es A FAVOR de Guanacaste, promoviendo de inmediato la creación del cantón N° 12 de la provincia, denominado “La Península”. Sin duda este es el mejor panorama que se podría ofrecer a los pobladores peninsulares y para el mejor desarrollo de sus poblaciones, hasta hoy “cenicientas” de la provincia de Puntarenas.
NOTAS:
(1): JAEN CONTRERAS, Julio César (2008). De la Anexión al rescate del Partido de Nicoya. Imprenta Nacional. San José, pág. 213.
(2): IBID, pág. 223.
(3): VARGAS ARAYA, Ronal (2015). Si Guanacaste en la Península no ejerce la administración, puro cuento será celebrar en julio nuestra Anexión. Diario digital El Independiente. Cantón de Carrillo. Guanacaste. https://diariodigitaelindependiente.wordpress.com/2015/05/29/cobanolepanto-y-paquera-son-guanacastecos/
(4): VILLAR, Salvador (1933). Guanacaste: reseña histórica y descripción geográfica. Edición bilingüe. Biblioteca de la Asamblea Legislativa, pág. 21.
(5): VARGAS ARAYA, Ronal (2015). op. Cit.
(6): Contestación del Procurador Lic. Adrián Vargas Benavides (posteriormente Magistrado de la Sala Constitucional), citada por JAÉN CONTRERAS, Julio Cesar (2008), pág. 230.
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